La controversia en torno al fracking en Colombia: Viabilidad económica vs. Impacto ambiental

Recientemente, el término 'fracking' ha generado controversia en Colombia, con algunos viéndolo como una salvación para la economía mientras que otros expresan indignación debido a sus impactos ambientales negativos. La técnica ha sido prohibida en muchos países por sus comprobados efectos perjudiciales en el medio ambiente, aunque algunos argumentan que si se hace correctamente, puede no dañar el agua, la flora o la fauna. El debate se intensifica a medida que activistas ambientales y economistas abogan en contra del fracking en Colombia.

Tatiana Rojas, una periodista de El Tiempo, presenta a dos ingenieros petroleros con opiniones contrastantes sobre el fracking: Andrés Gómez, un ex empleado de Ecopetrol y miembro de Sensato Agua Viva, se opone al fracking, mientras que Edgar Aguirre, miembro de la Comisión Interinstitucional de Hidrocarburos, apoya el fracking en Colombia.

Edgar explica que la fracturación hidráulica, o fracking, implica crear fracturas en formaciones rocosas mediante la inyección de grandes volúmenes de fluidos a alta presión para extraer petróleo o gas. La técnica utiliza agua, agentes de sostén y aditivos químicos para mantener las fracturas y mejorar las propiedades de los fluidos. Las preocupaciones ambientales surgen de los aditivos químicos, el uso de agua y los niveles de presión asociados con el fracking.

Andrés destaca la distinción entre los métodos convencionales y no convencionales de fracturamiento hidráulico. Mientras que el fracturamiento hidráulico convencional se ha utilizado desde la década de 1940 para estimular los yacimientos, el fracturamiento hidráulico no convencional se dirige a yacimientos no tradicionales que requieren una cantidad significativa de energía y materiales para crear permeabilidad. Esto plantea riesgos ambientales y vulnerabilidades para las comunidades, especialmente en el contexto de la crisis climática actual.

El proceso de fracturación en la extracción de hidrocarburos implica aumentar la intensidad de un modelo extractivo aplicando presión hidráulica a través de agujeros en el revestimiento para fracturar la formación rocosa. El crecimiento vertical inicial de la fractura es contenido por rocas adyacentes, y la extensión vertical ocurre perpendicular a la dirección de menor estrés de la formación. El diseño puede extenderse hasta 200 días, 300 pies o 100 metros, creando un canal estrecho lleno de arena para mantener la permeabilidad.

En yacimientos no convencionales, las fracturas actúan como canales para el flujo de fluidos, manteniendo una permeabilidad mínima. Para lograr una producción significativa, se requiere una gran área con permeabilidad contrastante. El canal de fractura, típicamente estrecho y lleno de arena, permite que el fluido fluya hacia el pozo, facilitando la producción. La construcción de canales de flujo utilizando productos químicos y arena es esencial para la fracturación hidráulica, pero plantea desafíos económicos y ambientales debido al gran uso de agua y transporte de materiales.

Reservorios no convencionales, como los de Colombia con una tasa de declive del 86% en los primeros tres años, enfrentan desafíos debido a las altas tasas de declive. Esto requiere una construcción constante de pozos para mantener la producción, lo que lo hace económicamente inviable. La dificultad económica es evidente en las masivas quiebras de compañías de fracking en los Estados Unidos.

La discusión sobre no explotar reservas no convencionales es crucial en el contexto del Acuerdo de París y la necesidad de limitar el calentamiento global. Dejar una parte significativa de las reservas de carbón, gas y petróleo bajo tierra es esencial para evitar empeorar el cambio climático. Esto se alinea con el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius.

La decisión de participar en el fracking está impulsada principalmente por consideraciones económicas para los inversores. El enfoque está en si el fracking será rentable en lugar de su impacto ambiental. Los beneficios económicos del desarrollo de petróleo y gas no convencionales en los EE. UU. han llevado a una amplia prosperidad económica.

El sector manufacturero revitalizado en Colombia ha mejorado la vida de millones a través del empleo directo e indirecto, la reducción de costos energéticos, el aumento de los ingresos gubernamentales y la mejora de la seguridad energética. Colombia necesita asegurar su respaldo energético para el futuro, lo cual es crucial para la economía. Los resultados económicos de esta iniciativa son extraordinarios y claros, como mencionó el orador.

La mayoría de los efectos ambientales atribuidos al fracking son mitigables, con reducciones significativas en las emisiones de gases de efecto invernadero observadas en los Estados Unidos. El gas natural extraído a través de la fracturación hidráulica es más limpio y emite menos dióxido de carbono en comparación con otros combustibles fósiles como el carbón. Estudios han demostrado una reducción del 50% en las emisiones de gases de efecto invernadero del gas natural no convencional en comparación con el carbón desde 1994, beneficiando al medio ambiente.

Preocupaciones sobre la contaminación del agua y la integridad de los pozos en operaciones de fracking son abordadas a través de medidas estrictas. Los pozos son diseñados con múltiples capas de cemento de alta resistencia y son sometidos a pruebas de presión para prevenir la contaminación del agua superficial. Los casos de fallas en los pozos que llevan a la contaminación de acuíferos son raros, con las compañías tomando precauciones para proteger las fuentes de agua y garantizar la eficiencia operativa.

Un caso típico de fracturamiento hidráulico en los campos de Cusiana en Colombia destaca la importancia del manejo de la presión en las operaciones de fracking. Los requisitos de presión en Cusiana son un 50% más altos que las presiones promedio en yacimientos no convencionales, lo que representa un mayor riesgo para la integridad del pozo. Las empresas realizan rigurosas pruebas de presión e integridad para prevenir fallas en los pozos y priorizan la protección ambiental en sus operaciones.

El uso intensivo de agua en las operaciones de fracking es una preocupación significativa, con un promedio de 46 millones de litros por pozo utilizados en los Estados Unidos en 2018. Esta agua, contaminada por el fluido de fracturación que contiene alrededor de 280 sustancias químicas diferentes, representa una amenaza para las aguas subterráneas. Estudios de la Universidad de Cornell resaltan los riesgos ambientales asociados con la contaminación del agua, especialmente en regiones como Colombia donde existen posibilidades de contaminación por radioactividad.

Las operaciones de fracking también implican riesgos para la salud pública y el medio ambiente. El uso de aproximadamente 800 camiones de arena por pozo en los Estados Unidos conlleva problemas de salud como la silicosis por inhalar partículas de sílice. Además, existe una alta probabilidad de contaminación de aguas subterráneas, a pesar de la percepción de fiabilidad de la construcción de pozos, como se ha visto en incidentes como el problema de integridad en el pozo Liza MA 158. Estos factores contribuyen a una amenaza significativa tanto para los trabajadores petroleros como para las comunidades locales.

Abordar la crisis climática requiere dejar los combustibles fósiles en el suelo. Con los desafíos ambientales actuales, reducir la extracción de combustibles fósiles es crucial para mitigar los impactos del cambio climático. La urgencia de alejarse de los combustibles fósiles se enfatiza para combatir eficazmente la creciente crisis climática.

La discusión aborda la prohibición del fracking en otros países, planteando preguntas sobre por qué algunas naciones han optado por prohibir este método de extracción. Las preocupaciones sobre los riesgos ambientales y de salud asociados con el fracking han llevado a acciones regulatorias en varios países, destacando la tendencia global hacia la restricción o prohibición de operaciones de fracking.

El orador discute los posibles efectos del fracking en el medio ambiente, mencionando problemas como las emisiones de gases de efecto invernadero, las fracturas que alcanzan las aguas superficiales y la integridad de los pozos. También mencionan la prohibición del fracking en ciertos países debido a la falta de oportunidades de explotación no convencional y preocupaciones sobre el desarrollo económico.

El orador aborda la idea errónea que vincula la fracturación hidráulica con los terremotos, citando un caso en Oklahoma donde los terremotos fueron causados en realidad por la inyección de agua para la eliminación de desechos, no por la fracturación hidráulica. Destacan la importancia de controles adecuados en la inyección de agua para prevenir la actividad sísmica, señalando que Colombia carece de estos controles necesarios.

El orador explica que el fracking causa microsismicidad alrededor del pozo durante las operaciones, la cual cesa una vez que el trabajo está completado. Enfatizan que la actividad sísmica es temporal y localizada, durando solo durante el proceso de fracturamiento, que típicamente dura un día a una semana.

El orador aclara las razones detrás de la suspensión del fracking en Inglaterra, citando preocupaciones sobre la sismicidad como el factor principal. Mencionan que el Reino Unido tiene un territorio bien estudiado y regulaciones ambientales estrictas, lo que lleva a un moratorio sobre el fracking debido a problemas sísmicos observados durante proyectos piloto.

En el estado de Nueva York, a pesar de ser rico en recursos naturales, el fracking está prohibido debido a importantes amenazas para la salud asociadas con el proceso. Los profesionales médicos han expresado preocupaciones sobre los efectos en la salud del fracking, lo que llevó a decidir no seguir adelante con él, a pesar de que el estado se encuentra sobre una de las reservas de gas de esquisto más importantes de los Estados Unidos.

El fracking implica una operación completa que incluye la reinyección obligatoria de agua en los pozos debido a la contaminación por interacciones con el subsuelo y los productos químicos utilizados en el proceso. El agua contaminada, cargada de productos químicos, debe ser reinyectada en pozos de desecho, lo que conlleva problemas de salud y sismicidad inducida, como se ha visto en Inglaterra.

Colombia está considerando proyectos piloto de fracking, lo que plantea preguntas sobre la necesidad y la justificación detrás de tales esfuerzos. La discusión gira en torno a la necesidad de fracking en Colombia, con preocupaciones sobre impactos ambientales, riesgos para la salud y el tratamiento y reutilización del agua contaminada.

Los aditivos químicos utilizados en el fracking son un punto de controversia, con informes variados sobre la cantidad y tipos de productos químicos involucrados. Sin embargo, se enfatiza que estos aditivos se encuentran comúnmente en productos de uso diario en el hogar y pueden ser tratados y reutilizados de manera efectiva. La capacidad de tratar y reutilizar el agua de las operaciones de fracking se destaca como un aspecto clave para gestionar los impactos ambientales.

El orador menciona que la producción de pozos se ha vuelto más compleja, con el número de fracturas por pozo aumentando de un promedio de siete en 2016 a ahora 30-45 fracturas por pozo. Esto ha llevado a secciones horizontales más largas en los pozos, con alrededor de 3000 pies o más siendo lo ideal. Cada pozo ahora requiere alrededor de 737 libras de agente de sostén para la fracturación, un proceso que ocurre solo una vez en la vida útil del pozo y dura un máximo de una semana.

La discusión se centra en el estado crítico de las reservas de energía en Colombia, con reservas de gas y petróleo proyectadas para durar solo 5-6 años. Una vez que estas reservas se agoten, Colombia necesitará comenzar a importar petróleo y gas, lo que impactará significativamente en la economía. La compleja legislación del país y los largos procesos de inicio de proyectos plantean desafíos, lo que podría retrasar la producción de gas hasta cinco o diez años.

Para asegurar el futuro energético de Colombia, el orador enfatiza la necesidad de descubrir nuevas reservas. Si bien reconoce que el fracking no es la única solución, destaca la importancia de explorar métodos alternativos. Colombia ha descubierto aproximadamente 50,000 barriles de petróleo en formaciones de esquisto, pero el país solo ha recuperado el 18% de sus recursos totales históricamente. Mejorar las tasas de recuperación a través de técnicas mejoradas de recuperación de petróleo podría aumentar significativamente las reservas y reducir la necesidad de importaciones.

La industria petrolera enfrenta desafíos como altas tasas de declive, con tasas que alcanzaron el 86.3% en 2018. Se hace una comparación con el campo de Cira en Colombia, que ha estado produciendo durante 102 años, resaltando las drásticas tasas de declive de pozos no convencionales, eliminando casi el 90% de la producción en los primeros tres años. La industria evita discutir el retorno energético de la fracturación hidráulica, donde se requiere una cantidad significativa de energía y materiales para una producción mínima de energía.

La industria del petróleo es una contribuyente directa a la crisis climática, sin embargo, evita discutir sobre el Acuerdo de París. La transición a energías renovables es crucial para limitar el aumento de la temperatura global a dos grados Celsius. Dejar la mayoría de los hidrocarburos en el suelo es esencial para lograr este objetivo. Las reservas actuales muestran que la extracción de energía no convencional, con altas tasas de declive, es económicamente inviable y ambientalmente insostenible.

Colombia, particularmente la región del Magdalena Medio, es mega diversa con importantes reservas de humedales. A pesar de una historia de explotación y falta de desarrollo en campos petroleros convencionales, la industria no considera el impacto socioambiental. Las comunidades han perdido la confianza debido a promesas incumplidas en el pasado, y hay una necesidad de un cambio hacia prácticas sostenibles que prioricen tanto el bienestar económico como ambiental.

El orador enfatiza la necesidad de una transición hacia la energía renovable en Colombia debido al impacto ambiental de la industria petrolera. Sugieren que los hidrocarburos convencionales deberían ser limitados, con un enfoque en fuentes de energía renovable en los próximos 10 años. El orador destaca la importancia de invertir en conocimiento y recursos para facilitar esta transición, especialmente en un país con un gran potencial agrícola como Colombia.

La discusión se centra en el impacto ambiental negativo de la industria petrolera, especialmente en la región del Magdalena Medio de Colombia. El orador menciona las importantes responsabilidades ambientales dejadas por las compañías petroleras, como lo destaca un informe encargado por el gobierno. Existe una falta de confianza dentro de las comunidades en cuanto a la capacidad de la industria para abordar estos problemas de manera efectiva, lo que lleva a un llamado a una transición hacia fuentes de energía renovable.

La conversación profundiza en el debate en curso sobre el fracking en Colombia. Surgen preguntas sobre la necesidad y consecuencias de implementar el fracking en el país. Se discute la decisión del gobierno de formar una comisión de expertos para evaluar la viabilidad del fracking y la necesidad de proyectos piloto para evaluar su impacto ambiental. El orador subraya la importancia de datos científicos y transparencia en la toma de decisiones sobre el fracking.

El orador destaca la importancia de los proyectos piloto en la evaluación de los posibles impactos del fracking en Colombia. Mencionan las estrictas condiciones establecidas por la comisión de expertos para llevar a cabo estos proyectos piloto, incluyendo el cumplimiento de las leyes de transparencia y el acceso público a la información. El orador considera el trabajo de la comisión como crucial para garantizar una toma de decisiones responsable e informada con respecto al fracking en el país.

Es crucial que el público y las comunidades identifiquen tecnologías con un impacto mínimo para facilitar el desarrollo de operaciones de fracking. Esto incluye evaluar la capacidad institucional para la gestión de riesgos para la salud y garantizar que los ajustes regulatorios se alineen con las necesidades de la comunidad.

La construcción de una línea base social es vital para evaluar el impacto del fracking en diversos aspectos como la salud, la economía, los recursos humanos y el medio ambiente. Es esencial capacitar al personal en las regiones para oportunidades de empleo y establecer mecanismos para la participación comunitaria.

Es necesario un esfuerzo colaborativo entre empresas, el estado y las comunidades en el proceso de fracking. Cada actor debe entender su papel, siendo las comunidades un papel crucial en la vigilancia de los recursos y regiones. El pacto social debe establecerse antes de que puedan proceder cualquier actividad.

Antes de llevar a cabo pilotos de fracking, es esencial establecer líneas de base ambientales como la calidad del agua, la calidad del aire y la biodiversidad. Esta recopilación de datos es crucial para comprender la información científica relacionada con acuíferos, actividad sísmica, flora, fauna e impactos pasados de la explotación de hidrocarburos en las comunidades.

Las comunidades han expresado preocupaciones sobre su falta de inclusión en las regulaciones que rigen los pilotos de fracking. Es esencial abordar la participación de la comunidad como recomienda la comisión de expertos. Se han tomado acciones legales para garantizar la participación de la comunidad en el proceso regulatorio.

Las organizaciones junto a grupos sociales y ambientales expresan preocupaciones sobre los bienes comunes, especialmente en el contexto de la crisis climática. El Consejo de Estado suspendió todo marco legal para el fracking en Colombia debido al principio de precaución en la constitución, que prohíbe actividades que pongan en peligro los bienes comunes, la salud y la vida. El Consejo de Estado no es un árbitro impuesto por organizaciones anti-fracking, sino que es visto como defensor de los bienes comunes. El Consejo tomará una decisión fundamental sobre el marco legal para el fracking el próximo año.

El decreto 328 de 2020 del gobierno inicia proyectos piloto para la exploración no convencional en Colombia, disfrazados como pilotos científicos. Sin embargo, estos proyectos carecen de participación científica y son impulsados principalmente por el Ministerio de Minas e intereses particulares, haciendo que las compañías petroleras sean tanto jueces como participantes. Este enfoque ha llevado a demandas de miembros del congreso y organizaciones sociales para desafiar los proyectos piloto de fracking, a la espera de la respuesta del Consejo de Estado a la demanda.

Países como Inglaterra, estados como Nueva York y naciones como Francia han prohibido el fracking debido al principio de precaución y la comprensión de la crisis climática. Priorizan la transición a energías renovables. En contraste, se insta a Colombia a intensificar los modelos extractivos mediante la realización de estudios de línea base controlados por compañías petroleras, a pesar de las tendencias globales hacia la energía renovable. La historia de 102 años de explotación de hidrocarburos en la región del Magdalena Medio destaca promesas incumplidas de desarrollo y pasivos ambientales no resueltos.

Colombia está actualmente envuelta en un acalorado debate sobre el fracking, con ambientalistas, activistas, economistas e ingenieros petroleros oponiéndose a la práctica. Por otro lado, existe preocupación por las menguantes reservas de petróleo de Colombia, lo que ha impulsado la promoción del fracking. Esta dicotomía ha generado discusiones sobre los posibles impactos ambientales y sociales del fracking en Colombia.

La decisión sobre si permitir el fracking en Colombia es un tema controvertido. Edgar destaca la importancia de seguir un estricto plan establecido por el gobierno, enfatizando la necesidad de contar con marcos regulatorios y proyectos piloto antes de proceder con el fracking. Este enfoque cauteloso busca equilibrar los intereses económicos con las preocupaciones ambientales.

Andrés aboga por la prohibición del fracking en Colombia, citando los principios de precaución y justicia intergeneracional. Argumenta que los riesgos que plantea el fracking para las generaciones futuras y el medio ambiente superan cualquier beneficio potencial a corto plazo. Andrés pide un cambio hacia fuentes de energía renovable para proteger la biodiversidad de Colombia y mitigar los impactos del cambio climático.