La agitación política en la República Dominicana después de la caída de Trujillo

Después de la caída de la dictadura de Rafael Trujillo el 30 de mayo de 1961, el pueblo dominicano comenzó una lucha por la democracia. Horas inciertas siguieron mientras la familia del tirano intentaba aferrarse al poder mientras las fuerzas democráticas luchaban en su contra. Los Trujillos abandonaron el país el 18 de noviembre de 1961, y una junta cívico-militar tomó el control en enero de 1962, liderada por Humberto Bogart y el General Pedro Ramón Rodríguez Echavarría.

El 20 de diciembre de 1962 se celebraron elecciones en las que compitieron el Dr. Viriato Fiallo de la Unión Cívica Nacional y el Profesor Juan Bosch del Partido Revolucionario Dominicano. Bosch ganó por un amplio margen, gracias a sus promesas de campaña de no perseguir a los seguidores de Trujillo y su estilo de comunicación claro y educativo.

Antes de asumir la presidencia en febrero de 1963, Juan Bosch convocó a los legisladores electos para formar un congreso constituyente que estableciera un proyecto democrático e institucional para una nueva constitución. La inauguración de Bosch el 27 de febrero contó con la presencia de destacados políticos latinoamericanos, el vicepresidente de EE. UU. Lyndon Johnson, y marcó el inicio de una nueva era de libertades y prosperidad para los dominicanos.

Al asumir el cargo, el gobierno de Juan Bosch se enfrentó de inmediato a desafíos heredados del régimen anterior, incluida una crisis económica. Se implementaron medidas como pagos anticipados de impuestos por parte de las empresas, regulación del gasto público y establecimiento de una oficina de control de precios para abordar las distorsiones e desequilibrios económicos. Otras acciones incluyeron la recuperación de activos estatales de la familia Trujillo y recortes salariales para altos funcionarios, incluido el presidente.

En marzo de 1963, se impusieron restricciones en el gasto de las instituciones estatales autónomas con altos presupuestos. Se ordenó a los exportadores entregar el 100% de sus ganancias en moneda extranjera al banco central. Posteriormente, en abril, se aprobó una nueva constitución destacando puntos de equidad social como los derechos a la vida, el trabajo, la vivienda, la educación y la salud. La constitución también prohibió grandes propiedades de tierras por extranjeros y permitió expropiaciones por interés social.

El año 1963 vio avances significativos en la libertad de expresión y los derechos de los trabajadores en la República Dominicana. Nuevas leyes favorecieron la libertad de prensa y de expresión, así como los derechos de los trabajadores a sindicalizarse y hacer huelgas. A los trabajadores se les concedió el derecho a compartir en las ganancias de la empresa y recibir salarios justos, marcando un momento crucial en los derechos laborales.

Implementar cambios radicales a través de leyes en la estructura social, económica y política del país planteó desafíos significativos. El Partido Revolucionario de la República Dominicana llevó a cabo estos cambios, enfrentando resistencia de grupos de poder de larga data, en particular la oligarquía dominicana. La resistencia surgió de una incapacidad para comprender y adaptarse a los cambios propuestos por una nueva generación de dominicanos que buscaban la modernización.

Juan Bosch encontró oposición de sectores conservadores de la sociedad, quienes ya habían conspirado contra su gobierno antes de las elecciones. A pesar de los esfuerzos por corregir las distorsiones económicas, el gobierno enfrentó crisis económicas insuperables, revelando antagonismos sociales entre partidos políticos, sectores de poder económico y la jerarquía católica. La crisis resaltó los intereses conflictivos que obstaculizaron la gobernabilidad y la estabilidad democrática.

El conflicto social se intensificó a medida que la clase trabajadora se enfrentaba a los empleadores y al gobierno por sus demandas salariales. Varias huelgas, especialmente por parte de trabajadores de la industria azucarera y federaciones de maestros y empleados públicos, subrayaron la lucha por los derechos laborales. El papel de la Iglesia en apoyar a la oposición fue evidente en las críticas de los obispos a la nueva constitución, reflejando divisiones más amplias en la sociedad.

En junio de 1963, debido a medidas de austeridad impuestas por el estado para estabilizar sus finanzas, estallaron huelgas violentas en la República Dominicana. Estos eventos llevaron a conspiraciones contra el gobierno, con grupos de oposición apuntando a derrocarlo. El Partido Revolucionario Independiente Dominicano, en mayo, utilizó el pretexto de que el presidente Bosch y su gobierno podrían llevar al país al comunismo.

En julio de 1963, hubo un intento de golpe de estado, lo que llevó a los partidos populares a buscar ayuda de organizaciones de izquierda y al pueblo a apoyar al gobierno contra el golpe. La participación de EE.UU. en una campaña anticomunista contra el gobierno de Bosch fue denunciada, calificándolo de incompetente.

El golpe definitivo comenzó a tomar forma el 13 de julio de 1963, en la Base Aérea de San Isidro, donde el presidente Bosch fue convocado por oficiales preocupados. Esta reunión, posteriormente explicada por Bosch en un discurso televisado, resaltó las tensiones entre los sectores militares y políticos respecto a la naturaleza democrática del gobierno.

El presidente Bosch expresó preocupaciones sobre la participación militar en la política, lo que llevó a tensiones y temores de un golpe de estado. A pesar de crear una comisión de conciliación para cerrar la brecha entre el gobierno y la oposición, el esfuerzo fracasó debido a la falta de interés de la oposición en la reconciliación.

A principios de septiembre, un programa de huelgas y paros, aparentemente iniciado por organizaciones laborales pero en realidad orquestado por el sector empresarial, formaba parte del complot golpista. La postura agresiva de la comunidad empresarial contra el gobierno constitucional y su apoyo a las conspiraciones era evidente en diversas comunicaciones de la época.

El 24 de septiembre, el Presidente Bosch se reunió con altos líderes militares, expresando sus temores de un posible golpe de estado orquestado por oficiales influenciados por políticos. Advirtió sobre posibles derramamientos de sangre y ordenó la remoción del Coronel Elías Wessin y Wessin, a quien consideraba un conspirador. A pesar de las advertencias del presidente, los militares decidieron llevar a cabo su plan de golpe en la madrugada del 25 de septiembre.

El intento de golpe de estado en la República Dominicana fue llevado a cabo capturando al presidente constitucional, el Profesor Juan Bosch, alrededor de la medianoche. El teniente Careto Gancho, amigo del orador en la Fuerza Aérea, estaba presente con tropas que no pertenecían al país. El presidente depuesto escribió una carta al pueblo dominicano enfatizando la gobernanza pacífica durante sus siete meses en el poder.

En respuesta al golpe de estado, el Coronel Fernández Domínguez movilizó a oficiales opuestos al golpe en la academia. El Mayor General Viñas Román recibió un mensaje de Fernández Domínguez sobre los movimientos de tropas preparándose para el golpe. Viñas Román aseguró que ningún golpe ocurriría bajo su supervisión como Secretario de Defensa.

El Coronel Fernández Domínguez y 11 oficiales planeaban liberar al Presidente Bosch asaltando el Palacio Nacional, pero Bosch lo consideró suicida. Muchos oficiales fueron destituidos, y Fernández fue enviado al exilio como agregado militar en Madrid. A pesar de las promesas de respetar los derechos humanos, los líderes del golpe persiguieron a los miembros de la oposición.

Tras el golpe de Estado, los militares disolvieron el Congreso Nacional, anularon la constitución de 1963 y prohibieron la doctrina Bosch. A pesar de prometer mejorar las condiciones de vida y respetar los derechos humanos, los líderes del golpe llevaron a cabo persecuciones contra los opositores al golpe.

En 1962, se promulgó una constitución comunista marxista-leninista en la República Dominicana, lo que llevó al cierre de estaciones de radio y a la imposición de la ley marcial. El presidente Juan Bosch fue posteriormente enviado al exilio debido a acusaciones de comunismo.

El golpe de estado en la República Dominicana fue orquestado por representantes de las principales empresas importadoras y exportadoras, facciones corruptas dentro de las fuerzas armadas, terratenientes, altos funcionarios católicos, industriales y el sector político conocido como los 'cívicos'.

La declaración del ejército fue rápidamente respaldada por la comunidad empresarial y la oligarquía, representada por la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Su objetivo era legitimar el uso de la fuerza contra el gobierno llamando a la formación de un gobierno civil provisional.

Tres ciudadanos distinguidos fueron elegidos para formar un triunvirato para gobernar la nación, con un presidente y dos miembros. La transición de poder tuvo lugar el 26 de septiembre de 1963, en presencia de líderes militares, políticos y la prensa.

El golpe de Estado provocó la interrupción del proceso democrático y la inestabilidad política en la República Dominicana, permitiendo que facciones conservadoras y neutrales recuperaran el poder.

En 1963, los congresistas celebraron una sesión clandestina condenando el golpe y nombrando a Juan Casasnovas Garrido como presidente provisional. Sin embargo, fue posteriormente arrestado y deportado, lo que generó más oposición.

La oposición pública al golpe comenzó con estudiantes de la Universidad de Santo Domingo intentando una marcha hacia el palacio presidencial, la cual fue reprimida por la policía. Protestas posteriores de grupos de mujeres y un intento fallido de levantamiento guerrillero por parte del Movimiento Popular Dominicano también fueron violentamente reprimidos.

El Movimiento Revolucionario 14 de Junio inició un conflicto armado con seis frentes guerrilleros liderados por Manolo Tavares Justo. A pesar de la resistencia inicial, el grupo fue finalmente rodeado, lo que llevó a su rendición y posterior tratamiento brutal por parte de la junta militar.

Insurgentes, un grupo, apuntó a Manolo Tavares y a la mayoría de sus seguidores en un evento heroico pero trágico que terminó en una masacre. Este incidente tuvo lugar durante un tiempo de inestabilidad política en la República Dominicana.

El gobierno del Triunvirato no logró resolver las contradicciones surgidas a raíz de la caída de Trujillo, lo que llevó a consecuencias desastrosas para el país. La inestabilidad política provocó la renuncia de Emilio de los Santos del Triunvirato, siendo reemplazado por Donald Read Cabral.

El cambio en el gabinete dominicano fue respaldado por el presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, quien adoptó una política más agresiva hacia América Latina después del asesinato de Kennedy. Este cambio apoyó a regímenes represivos en la región.

Reacciones significativas contra el golpe ocurrieron en 1964, marcadas por huelgas de trabajadores y conductores exigiendo el retorno al gobierno constitucional. La huelga más notable, organizada por conductores independientes y estibadores, enfrentó una represión brutal por parte de la policía.

La población participó en múltiples protestas exigiendo la restauración de los derechos democráticos revocados por el golpe. Estos movimientos, orquestados por el PR José Francisco Peña Gómez, tenían como objetivo devolver el orden constitucional a través de diversos métodos como conspiraciones y alianzas.

El punto culminante de la resistencia contra el golpe y los planes antidemocráticos fue la guerra de abril de 1965. El lema central de la Revolución de abril fue la restitución de la constitución de 1963 sin elecciones, reflejando el descontento generalizado con la situación política.