Lanzamiento del Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales en Perú: Un Enfoque en la Gobernanza del Sector Minero

El evento es el lanzamiento del Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales 2021, presentado por Juan Luis Dammert del Instituto de Gobernanza de la Investigación Natural (NRG). La discusión se centrará en el contenido del informe, específicamente en la minería en Perú.

El evento contará con un video, una presentación del índice por Claudia Viale y una mesa redonda con Roxana Barrantes, Miguel Inchauste y César Flores. Se presentó el trasfondo y la experiencia de cada ponente para garantizar un desarrollo fluido del evento.

Claudia Viale, economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se especializa en la distribución de ingresos subnacionales de la minería y los hidrocarburos en América Latina. Roxana Barrantes es economista de la PUCP y ocupa varios cargos en infraestructura y protección al consumidor. Miguel Incháustegui, abogado, tiene experiencia en temas estratégicos, asuntos corporativos y desarrollo sostenible. César Flórez, economista y antropólogo, actualmente es subdirector de la ONG Cooperacción, enfocándose en derechos humanos y recursos naturales.

El Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) tiene como objetivo garantizar que los países ricos en petróleo, gas y minerales logren un desarrollo sostenible e inclusivo. La misión de NRGI incluye asegurar que las personas se beneficien de las actividades extractivas, gestionar los ingresos de manera efectiva y abordar los impactos ambientales y sociales. El instituto utiliza el Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales como una herramienta para evaluar la gobernanza en países ricos en recursos, proporcionando información basada en evidencia para gobiernos, sociedad civil y ciudadanos.

El Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales ofrece una evaluación integral de la gobernanza en las industrias extractivas a nivel mundial. Sirve como una hoja de ruta para reformas y prácticas políticas, ayudando a promover la transparencia, exigir responsabilidad y impulsar reformas sectoriales. El índice es crucial para abogar por la transparencia y la rendición de cuentas en el sector extractivo, guiando los esfuerzos para mejorar la gobernanza y garantizar el desarrollo sostenible.

Claudia Vial presenta los resultados del Índice de Gobernanza de Recursos Naturales para Perú, parte de la evaluación realizada para 18 países en América Latina. La evaluación se centra en el sector minero e incluye países como México, Colombia y Guyana. Los resultados, después de meses de trabajo de un equipo dedicado, proporcionarán información sobre las prácticas de gobernanza y áreas de mejora en las industrias extractivas.

El orador presenta el Índice de Gobernanza de Recursos Extractivos, centrándose específicamente en la edición de 2021. Explican la metodología, el marco analítico y las áreas clave de enfoque del índice, que incluyen la transparencia y la rendición de cuentas en el sector minero.

El índice mide la existencia de leyes, regulaciones y políticas relacionadas con la transparencia, divulgación de información y supervisión en el sector extractivo. Su objetivo es proporcionar una herramienta comparativa para evaluar cómo los países gestionan sus recursos extractivos, centrándose en evaluaciones objetivas con medidas precisas.

El índice no considera la calidad o el éxito de las políticas, las condiciones contextuales de cada país, ni factores externos como los precios de minerales o hidrocarburos. Únicamente evalúa la existencia y aplicación de leyes y regulaciones relevantes, manteniendo un enfoque objetivo y comparativo.

El índice es un puntaje promedio del país basado en 33 componentes. Implica un proceso de investigación original con un cuestionario, análisis del marco legal y justificación de respuestas. Los componentes abarcan áreas como extracción de valor, gestión de ingresos, transparencia presupuestaria, reglas fiscales y distribución a gobiernos subnacionales.

El índice consta de tres componentes: el primer componente se centra en la existencia de legislación, regulaciones y normas relacionadas con la gobernanza en un país. El segundo componente implica investigación original para evaluar la implementación de estas leyes y regulaciones. El tercer componente trata sobre la energía y recopila información de varios indicadores de gobernanza para proporcionar un contexto más amplio de la gobernanza en el país. Por ejemplo, promedia los indicadores de gobernanza global del Banco Mundial e índices de datos abiertos para ofrecer una perspectiva integral del contexto del país.

El marco analítico del índice incluye evaluar tanto la existencia de legislación y regulaciones como su implementación. Al comparar las puntuaciones derivadas de estas evaluaciones, el índice revela la brecha de implementación, destacando áreas donde las leyes existen pero no se aplican efectivamente. Este enfoque permite una comprensión matizada de los desafíos de gobernanza, mostrando áreas específicas donde la legislación puede no estar siendo implementada efectivamente.

Perú recibió una puntuación agregada de 75 sobre 100 en la evaluación del índice. El país tuvo un buen desempeño en general, con altas puntuaciones en los componentes analizados. Es importante destacar que Perú mostró mejoras en comparación con la edición anterior del índice en 2017, lo que indica progreso en todos los componentes. La mejora más significativa fue en la gestión de ingresos, impulsada principalmente por medidas mejoradas de transparencia.

Las medidas de transparencia, especialmente en la gestión de ingresos, contribuyeron significativamente a la mejora de la puntuación de Perú en el índice. Mejoras en la calidad de la información, la puntualidad de los datos y la accesibilidad a través de plataformas como el portal del Ministerio de Economía y mapas interactivos jugaron un papel crucial en el impulso del rendimiento general de Perú.

El componente de extracción de valor planteó desafíos para Perú, especialmente en áreas que requieren mejoras adicionales. La transparencia en cuanto a los activos de funcionarios públicos y empresas, incluidas las empresas mineras, mostró cierto progreso pero resaltó la necesidad de mejoras continuas en este aspecto.

La evaluación destaca la importancia de la transparencia en el sector minero, centrándose en cuestiones como la identificación de los beneficiarios reales, conflictos de interés, paraísos fiscales e inversiones fiscales. Se enfatiza la necesidad de divulgar información sobre las estructuras de propiedad, conflictos de interés y transparencia financiera, especialmente en el contexto de las empresas mineras. La falta de transparencia en la divulgación de pagos de impuestos y regalías de forma empresa por empresa y proyecto por proyecto también es una preocupación significativa, reflejando las obligaciones del país bajo la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) desde 2012.

La evaluación revela brechas en el proceso de pre-licenciamiento en Perú, especialmente en los criterios de evaluación para otorgar concesiones. A diferencia de algunos países, Perú no tiene requisitos estrictos para las empresas que buscan concesiones, permitiendo que cualquier entidad legal o individuo pueda solicitar sin extensas calificaciones o verificaciones de historial financiero. La evaluación destaca la importancia de los criterios de gobernanza y aboga por regulaciones transparentes y explícitas en el proceso de licenciamiento.

El análisis identifica una brecha significativa en la implementación de los impactos locales en el sector minero, especialmente en lo que respecta al cierre de minas y reasentamiento de comunidades. Aunque existen marcos legales para el cierre de minas, se evidencian problemas de cumplimiento, con una falta de certificados oficiales que verifiquen el cumplimiento del plan de cierre. Además, la ausencia de un marco regulatorio para el reasentamiento de comunidades plantea desafíos, ya que las empresas se ven obligadas a seguir voluntariamente estándares internacionales sin respaldo legal, lo que destaca deficiencias en la implementación y la necesidad de mejoras regulatorias.

Las recomendaciones en el sector minero tienen como objetivo proporcionar evidencia e información para discusiones sobre reformas en los países. Incluyen puntos como marcos legales para el reasentamiento de comunidades, fortalecimiento de la supervisión del cierre de minas, transparencia en la publicación de información desagregada actualizada por parte de las empresas y evaluación de modelos de licenciamiento alternativos.

Hay una recomendación de evaluar modelos de licenciamiento más allá de las concesiones en el sector minero. Ejemplos incluyen el caso colombiano donde se identifican áreas mineras estratégicas, y se realizan rondas de licenciamiento con condiciones precalificadas. Esto sugiere explorar modelos que establezcan requisitos previos antes de otorgar concesiones en el contexto peruano.

A pesar de un importante recambio en los cargos ministeriales, ha habido una notable mejora en la gestión pública dentro del sector minero. Este progreso es reconocido dentro del índice, resaltando la resiliencia y efectividad del sector en medio de circunstancias desafiantes.

El orador enfatiza la necesidad de ir más allá de las prácticas mineras tradicionales centradas únicamente en carteras de proyectos y ganancias a corto plazo. En su lugar, se hace un llamado a adoptar nuevos enfoques mineros que prioricen prácticas sostenibles y desarrollo holístico, con el objetivo de mejorar la viabilidad a largo plazo del sector y su impacto en la sociedad.

Destacando la importancia de tener una misión y objetivo claros en el sector público, el orador reflexiona sobre su experiencia en el Ministerio de Energía y Minas entre 2016 y 2017. A pesar de la inestabilidad en el liderazgo, se observaron mejoras. Enfatizando la necesidad de transparencia, el orador sugiere que otros sectores deberían aprender del enfoque basado en la misión del ministerio.

Abordando preocupaciones sobre la transparencia financiera, el orador discute la demanda de trazabilidad en transacciones financieras, mencionando específicamente regalías y pagos relacionados con operaciones mineras. Se hace un llamado a la rendición de cuentas en el seguimiento de dónde se generan los fondos y cómo se utilizan, resaltando la desconexión entre la generación de riqueza y los beneficios para la comunidad.

Proponiendo un enfoque geoespacial para la trazabilidad financiera, el ponente sugiere utilizar sistemas de información geográfica para rastrear los flujos financieros no solo por empresa, sino también por territorios. Estableciendo paralelismos con la geolocalización de eventos sísmicos, el ponente aboga por un método similar para monitorear las operaciones mineras y garantizar que los fondos beneficien a las comunidades donde se genera la riqueza.

Discutiendo las complejidades de la concesión minera, el orador contrasta dos perspectivas: un enfoque simplificado similar a la mentalidad del hemisferio norte de requisitos mínimos para concesiones mineras, y un proceso más riguroso similar a los requisitos de entrada en el sector financiero. El orador destaca cómo problemas como la consulta previa pueden obstaculizar el avance del proyecto, lo que lleva a opiniones divergentes sobre la concesión de concesiones mineras.

El orador destaca el problema de los proyectos que fracasan debido a la falta de relaciones iniciales establecidas durante la exploración en concesiones mineras en Perú. Enfatizan la necesidad de requisitos estrictos para licencias y concesiones para disuadir a individuos impulsados por ganancias a corto plazo de ingresar al sector sin considerar los impactos a largo plazo.

El orador sugiere una reevaluación del proceso actual de licenciamiento para concesiones mineras, abogando por un enfoque más serio en los requisitos previos al licenciamiento. Comparan la facilidad actual de obtener concesiones con una licencia comercial municipal, enfatizando la necesidad de criterios más estrictos dada la impacto a largo plazo de los proyectos mineros.

El orador insta a un cambio de leyes mineras obsoletas que fueron creadas en un momento de necesidad económica y una débil presencia estatal. Argumentan a favor de regulaciones actualizadas que consideren la capacidad actual del estado para establecer condiciones para las inversiones y establecer relaciones a largo plazo en el sector minero.

El orador enfatiza la importancia de leyes efectivas de cierre de minas para mantener la credibilidad y sostenibilidad en las operaciones mineras. Destacan el riesgo que representan las empresas que declaran bancarrota y abandonan sus responsabilidades ambientales, abogando por la intervención estatal para abordar las responsabilidades mineras y garantizar la credibilidad operativa futura.

El orador concluye enfatizando el papel crucial de la administración ambiental en las actividades mineras. Aseguran que las preocupaciones ambientales no son solo para los ambientalistas, sino que son esenciales para el bienestar general, la cohesión social y una vida comunitaria saludable. El orador llama a la sociedad a priorizar la sostenibilidad ambiental para una mejor calidad de vida.

El orador expresó gratitud hacia los participantes por su comprensión ya que tenían que abandonar la discusión en unos minutos. Agradecieron a Roxana por sus comentarios motivadores y relevantes que añadieron valor a la discusión en curso.

Miguel fue reconocido por su participación en la mesa redonda, con agradecimiento extendido al Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales por la invitación. El ponente elogió a Claudio por su presentación concisa y destacó la importancia de la transparencia y la sostenibilidad en el sector minero.

El orador enfatizó la necesidad de que las empresas del sector extractivo, especialmente en Perú, prioricen la transparencia, la sostenibilidad y operaciones orientadas a un propósito. Destacaron el cambio hacia un nuevo paradigma donde las empresas deben contribuir de manera positiva a su entorno y enfocarse en la sostenibilidad a largo plazo en lugar de solo maximizar ganancias para los accionistas.

El orador elogió al Ministerio de Energía y Minas por mantener una dirección clara y lograr una alta calificación en la asignación presupuestaria nacional. También elogió los esfuerzos en mejorar la transparencia a través de iniciativas como el Mapa de Inversiones del Perú. Sin embargo, el orador enfatizó la necesidad de seguir progresando, citando ejemplos de Cochilco en Chile como referencia para informes detallados en el sector minero.

El orador destaca la importancia de que las empresas hagan públicos los informes gubernamentales, enfatizando la necesidad de transparencia. Sin embargo, existen preocupaciones sobre la confidencialidad y problemas legales que obstaculizan este proceso. El orador sugiere modificar las leyes para permitir la divulgación de información, especialmente con fines de rastreo fiscal para seguir cuánto contribuye cada proyecto financieramente.

La discusión se centra en la utilización de los ingresos fiscales con fines de desarrollo. El orador destaca la importancia de garantizar que los fondos fiscales se transformen de manera efectiva en desarrollo sostenible. Criticando la práctica de simplemente distribuir parte de los ingresos fiscales en efectivo, el orador aboga por incentivar a las empresas a proporcionar asistencia técnica para utilizar los fondos de manera efectiva y fomentar el desarrollo.

El orador expresa preocupaciones sobre el cierre de minas y los problemas de reasentamiento, destacando la necesidad de una legislación mejorada en esta área. Enfatizando el riesgo de crear nuevas responsabilidades ambientales, el orador menciona un caso que involucra a una empresa minera en Quiruvilca que abandonó operaciones, lo que llevó a peligros ambientales y actividades mineras ilegales. El orador subraya la importancia de regular el cierre de minas para prevenir tales situaciones.

El orador pide el establecimiento de legislación sobre reasentamiento, señalando la ausencia de tales regulaciones en informes anteriores. Haciendo hincapié en la importancia de abordar los problemas de reasentamiento, el orador insta al desarrollo de normas para gobernar los procesos de reasentamiento de manera efectiva.

Las concesiones mineras deben tener requisitos previos antes de ser otorgadas. A pesar de tener una concesión minera, no se puede llevar a cabo ninguna actividad sin permisos para exploración, acuerdos comunitarios y consulta previa. La aprobación del ministerio o autoridad relevante es necesaria para llevar a cabo cualquier actividad minera. Países como Australia, Canadá y Chile tienen procesos efectivos para otorgar concesiones mineras. Es esencial encontrar un equilibrio entre promover actividades mineras y garantizar el cumplimiento de regulaciones e intereses comunitarios.

Es necesario regular las concesiones mineras para prevenir actividades especulativas o incumplimientos. Algunas empresas obtienen concesiones pero no realizan actividades significativas o violan regulaciones. Lograr un equilibrio entre promover la minería y garantizar prácticas responsables es crucial. Las regulaciones deben respetar normas, comunidades, grupos indígenas y principios de desarrollo sostenible.

Hay un cambio global hacia la evaluación de factores Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) en industrias y mercados financieros. Las empresas ahora son evaluadas en base a su impacto en el medio ambiente, la sociedad y las prácticas de gobernanza. Esta tendencia es impulsada por eventos recientes como la pandemia y se refleja en las evaluaciones del mercado de valores. El compromiso con los grupos de interés y la presentación de informes integrados están cada vez más presentes, enfatizando la sostenibilidad y las prácticas comerciales responsables.

Las empresas están enfatizando la importancia de tener un propósito claro y liderar ese propósito, lo cual debería involucrar el desarrollo de todos los grupos de interés. Las discusiones incluyen la definición de objetivos, evaluarlos anualmente y la necesidad de que las empresas informen la cantidad pagada en impuestos por proyecto y por empresa para mayor transparencia.

Reconocimiento de una excelente discusión en panel y ejercicio de evaluación. Felicitaciones por la importancia de medir el progreso en las políticas. Comentarios desde una perspectiva analítica, enfatizando la necesidad de evaluar la evolución de las políticas y el nivel de sofisticación en los marcos legales y políticos en el sector minero.

A pesar de los avances en los marcos formales en el sector minero en Perú, sigue existiendo un alto nivel de insatisfacción entre las comunidades locales. Alrededor del 90% de los conflictos sociales en Perú están vinculados a actividades mineras, lo que indica una desconexión entre la existencia de políticas y los resultados reales. La necesidad de priorizar la satisfacción de la comunidad junto con la certeza del inversor se destaca para una gobernanza equilibrada de los recursos naturales.

La complejidad de las poblaciones en áreas desfavorecidas va más allá de las deficiencias materiales. También implica cómo se implementan las políticas en estos territorios, destacando la desigualdad económica y las disparidades en el compromiso institucional con los ciudadanos. Esto fue evidente en las elecciones recientes donde, a pesar de las ofertas monetarias, las poblaciones en estas áreas votaron en contra de mantener el statu quo, indicando la necesidad de un examen más detenido.

Los esfuerzos en la sociedad civil se centran en una mejor planificación territorial y en la priorización de recursos estratégicos como el agua para las poblaciones en áreas desfavorecidas. Problemas como la reducción de espacios de participación, nuevos mecanismos ambientales como los IPS y la necesidad de consulta previa antes de tomar decisiones irreversibles resaltan áreas de mejora.

Instancias de acciones legales desproporcionadas contra líderes comunitarios indican desafíos en la administración de justicia. La necesidad de procesos más justos e inclusión de la opinión de la comunidad en la toma de decisiones, especialmente en casos como el proceso de consulta después de otorgados todos los permisos, es crucial para una gobernanza efectiva.

Abordar los impactos en la salud y las lagunas regulatorias es esencial, con llamados a nuevas reglas como incluir una línea base de salud humana en evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para monitorear posibles efectos en la salud. La discusión enfatiza la importancia de identificar la causalidad y monitorear rigurosamente los impactos en la salud humana.

La presión por la transparencia en la presentación de informes financieros, especialmente en los pagos realizados por las empresas, refleja una tendencia global. No solo es una demanda de las poblaciones, sino que también se alinea con movimientos internacionales hacia la transparencia, como se ha visto en las recientes reuniones del G7. Enfatizar la necesidad de estados financieros transparentes es crucial para la rendición de cuentas y la confianza.

El orador señala una falta de cumplimiento de criterios y estándares internacionales, como los establecidos por el Banco Mundial, en ciertos casos específicos en Perú. Destacan preocupaciones sobre el cierre de minas, citando una acumulación histórica de aproximadamente siete mil pasivos ambientales en Perú desde la época colonial.

El orador expresa discrepancias con la alta puntuación en calidad ambiental regulatoria, citando casos donde persisten deficiencias. Mencionan que, aunque existen procedimientos formales, las instituciones pueden no responder efectivamente a las necesidades de la comunidad en territorios mineros, como se ve en la información insuficiente proporcionada durante el proceso de aprobación de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).

El orador critica la falta de transparencia en la presentación de datos ambientales, señalando que aunque las empresas presentan informes trimestrales a las autoridades, esta información no está fácilmente accesible para el público. Enfatizan la importancia de hacer que estos datos estén disponibles públicamente y sean fácilmente accesibles para todas las partes interesadas.

El orador expresa preocupaciones sobre las recientes reformas en los sitios web por parte del gobierno peruano, las cuales han llevado a la eliminación de páginas especializadas de ministerios e instituciones. Destacan el impacto negativo de estos cambios en el acceso a la información, especialmente en áreas de supervisión, monitoreo y periodismo de investigación. El orador teme una pérdida de información valiosa si continúan las reformas.

El orador instruye a la audiencia a utilizar el botón de chat o de preguntas y respuestas para preguntas y comentarios. Se menciona la salida de Roxana, y el facilitador anuncia una sesión de debate con preguntas dirigidas a Claudia y César Vea Miguel.

El debate destaca el comienzo de un superciclo con precios crecientes de metales, especialmente cobre, indicando una oportunidad favorable para el sector minero de Perú en medio de una transición gubernamental y desafíos económicos debido a la pandemia.

El facilitador plantea la pregunta de si fortalecer la gobernanza, la transparencia y las reformas en el sector minero es beneficioso en medio del actual contexto económico de altos precios de metales y la necesidad de una rápida recuperación económica.

Se plantea una pregunta sobre cómo mejorar la transparencia en los planes de cierre de minas, centrándose específicamente en instrumentos de gestión ambiental, cumplimiento y compartición de información en el sitio web del Ministerio de Energía y Minas.

Surgen preguntas sobre la construcción del índice basado en investigadores independientes, criterios de selección y el progreso del país en datos abiertos desde la evaluación anterior, impactando la fortaleza del sector minero.

Un comentario menciona la facilidad de cumplir con los requisitos mínimos para la concesión de subvenciones, lo que plantea preocupaciones sobre la simplicidad del proceso.

El proceso de formalización de la minería a través del sistema REINFO ha sido considerado para el informe. Hay comentarios sobre los cambios necesarios en este proceso.

Se solicita información detallada sobre las brechas identificadas en el marco legal y su implementación, incluyendo temas como el cierre de minas, la ausencia de un marco regulatorio para el reasentamiento de comunidades y las brechas en la implementación.

La evaluación del cierre de minas plantea desafíos en la medición objetiva del cumplimiento. La dificultad radica en determinar indicadores específicos para la finalización del cierre, lo que lleva a la necesidad de criterios verificables para un cierre exitoso.

La falta de una certificación oficial que indique la finalización exitosa del proceso de cierre de la mina dificulta la evaluación. Los criterios para el éxito del cierre, como la verificación del cumplimiento de criterios clave, son esenciales para una evaluación precisa.

El proceso de selección para investigadores independientes implica una convocatoria abierta para consultores con experiencia en el sector minero y la legislación. Los investigadores pasan por un proceso de revisión exhaustivo, incluyendo revisión por pares, para garantizar la calidad y precisión de los datos recopilados.

En Perú, el proceso de investigación implica contratar consultores o realizar revisiones internas. La investigación es luego revisada por expertos temáticos dentro de la organización para garantizar la objetividad. Los consultores deben proporcionar referencias detalladas a legislación, artículos y documentos para respaldar sus hallazgos. El proceso de evaluación incluye la evaluación de transparencia, disponibilidad de datos y calidad de formato, con un enfoque en formatos de datos abiertos para una mejor accesibilidad y análisis.

Iniciativas de transparencia como la discutida han fortalecido el diálogo, mejorado la transparencia y facilitado discusiones regulares sobre las mejores prácticas internacionales. La iniciativa ha mejorado la transparencia no solo al revelar los resultados del proceso, sino también en el proceso en sí, a pesar de los desafíos planteados por la inestabilidad gubernamental y los cambios en las autoridades. La sociedad civil juega un papel crucial en avanzar en la agenda de transparencia y mantener el progreso.

Desafíos en la implementación de regulaciones para el cierre de minas y reasentamiento incluyen brechas en el cumplimiento y la aplicación. Aunque existen algunas leyes, la aplicación es deficiente, lo que lleva a discrepancias en el cumplimiento. Las evaluaciones también consideran evaluaciones de impacto ambiental, que pueden ser complejas debido a los diferentes instrumentos e intereses involucrados. El cumplimiento de las regulaciones ambientales es crucial para prácticas mineras sostenibles.

El orador discute la complejidad de las evaluaciones de impacto ambiental, mencionando la importancia de alinearlas con los impactos locales y problemas específicos en diferentes países. Destacan la ausencia de preguntas relacionadas con la formalización en la evaluación, indicando una brecha en la evaluación de ciertos aspectos.

Hay una llamada para incluir más preguntas en la evaluación para abordar la complejidad de los impactos ambientales, centrándose especialmente en los impactos locales y la legislación ambiental. El orador enfatiza la importancia de gestionar estos problemas de manera efectiva para futuras discusiones y acciones.

La discusión se centra en la autonomía de las licencias, con una referencia a un comentario de Roxana sobre cambios en la legislación debido a la especulación en las solicitudes de concesión. El orador sugiere explorar experiencias de otros países para comprender diferentes enfoques y fuentes de información para una mejor toma de decisiones.

El orador menciona la accesibilidad de la información de evaluación, señalando que mientras los datos de Perú ya están disponibles, otros países publicarán gradualmente sus evaluaciones. Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar referencias útiles para discusiones relevantes y procesos de toma de decisiones a lo largo del año.

En las conclusiones, Migueli enfatiza la importancia de la gobernanza en el contexto actual de aumento de los precios de los minerales y de los paradigmas cambiantes hacia el uso sostenible de minerales. Destaca la necesidad de transitar hacia una economía circular y prácticas sostenibles para garantizar la preservación de los recursos para las generaciones futuras.

Hay un cambio en el paradigma minero donde el mundo se está moviendo hacia considerar los minerales como recursos valiosos. Este cambio desafía la visión tradicional de poseer tierras y destaca la necesidad de una nueva estructura de gobernanza en torno a los minerales. Se han realizado esfuerzos hacia esto con iniciativas como el Centro de Buenas Prácticas Energéticas establecido en 2018 con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La visión para la industria minera para el año 2030 apunta a la inclusividad, integración social, ambiental y territorial dentro de un marco de buena gobernanza y desarrollo sostenible. Esta visión incluye hacer que la minería sea competitiva, innovadora y beneficiosa para la sociedad. Se han identificado siete acciones clave para trabajar hacia esta visión, incluyendo la gestión del agua, el desarrollo de hojas de ruta tecnológicas y proyectos piloto regionales.

Los esfuerzos colaborativos en el sector minero, ejemplificados por el grupo Visión para la Minería 2030, han mostrado un progreso notable. A pesar de opiniones divergentes, el enfoque en el desarrollo sostenible ha permitido un diálogo constructivo y la construcción de consensos. Este enfoque colaborativo, promovido por el BID y el Ministerio de Minas, sirve como un oasis de cooperación en medio de narrativas divisivas.

La industria minera enfrenta desafíos de sostenibilidad, especialmente con el aumento de los precios de los minerales que benefician a las principales empresas mineras globales. Es necesario asegurar que estos beneficios conduzcan a prácticas sostenibles, como la reducción de las emisiones de CO2. El próximo gobierno debería priorizar la sostenibilidad en la minería, incluyendo incentivar a los proveedores a reducir su huella de carbono e invertir en innovación y automatización para la creación de empleo.

El orador elogia el informe por alinearse con los cambios necesarios en el sector minero, enfatizando la necesidad de aumentar la transparencia. Destacan la importancia de la transparencia para las actividades mineras sostenibles, afirmando que la transparencia total es esencial para la sostenibilidad. El orador menciona la necesidad de centrarse en el cierre de minas y los problemas de reasentamiento, sugiriendo que informes como el discutido deberían motivar tanto a las nuevas autoridades como a las empresas a trabajar hacia la sostenibilidad. Creen que los esfuerzos colaborativos, como los que se dan en espacios como Remake, pueden llevar a definir formas de hacer que la minería sea verdaderamente sostenible.

El orador expresa gratitud por la invitación y comparte optimismo sobre la posibilidad de lograr prácticas mineras sostenibles. Reconocen la importancia de avanzar hacia criterios de sostenibilidad en la minería, indicando una perspectiva positiva para el progreso en esta dirección.

El orador enfatiza la necesidad de una mayor transparencia en la información del sector minero, especialmente a nivel de empresa y unidad minera. Señalan la disponibilidad de datos dentro del estado, como en los informes trimestrales recibidos por la UEFA, y destacan la importancia de avanzar hacia una información de empresa más transparente. Esta transparencia permite la escrutinio público de las prácticas de la empresa y fomenta la autorregulación y estándares más altos dentro de la industria.

El orador discute la posición de Perú en relación con las tendencias globales en la gobernanza minera, señalando una posible desconexión con los movimientos internacionales hacia regulaciones y certificaciones más estrictas. Destacan la importancia de alinearse con los estándares globales, citando ejemplos de compradores y bolsas de valores que exigen requisitos más altos para la obtención de minerales. El orador sugiere que Perú debería adaptarse a estas tendencias lo antes posible para mejorar la gobernanza, las relaciones comunitarias, los estándares ambientales y los mecanismos de quejas en el sector minero.

El orador enfatiza la importancia de respetar a las comunidades, al medio ambiente y todos los aspectos relacionados. Este respeto unirá a la sociedad, fomentará el respeto mutuo y creará condiciones iguales para los ciudadanos. El orador cree que esta unidad llevará a un mejor escenario de ciudadanía.

La discusión se centra en la idea de que las empresas con mayor liquidez y ganancias están en posición de realizar inversiones para mejorar los estándares. Se señala que dichas inversiones no solo dependen de la voluntad, sino que también requieren una inversión económica. Las empresas pueden dudar en realizar estas inversiones debido a posibles costos económicos que podrían reducir las ganancias.

El orador destaca que las empresas con recursos económicos, especialmente durante épocas de precios extraordinarios como los actuales niveles históricamente altos de precios del cobre, tienen la capacidad de invertir en fortalecer el cumplimiento ambiental y los compromisos sociales. Este contexto brinda una oportunidad para exigir más a las empresas debido a sus capacidades financieras.

Se extienden agradecimientos a los participantes, incluyendo a Roxana, Miguel y Claudia, por sus contribuciones. El documento principal discutido está disponible en el chat y será compartido en redes sociales. El documento incluye puntajes, perfiles de países, resúmenes ejecutivos y temas identificados. Perú tiene una calificación positiva en comparación con otros países, lo que indica espacio para mejoras. El enfoque está en traducir desafíos en agendas políticas y cambios regulatorios para mejorar la gobernanza minera.

Los próximos pasos implican traducir los desafíos identificados en agendas políticas y cambios regulatorios para fortalecer la gobernanza minera. El orador ve una oportunidad en el contexto actual para mejorar la gobernanza minera en beneficio más equitativo. Se mencionan planes para convocar a diversos actores y eventos para avanzar en estos objetivos, con el objetivo de beneficiarse de las actividades mineras de manera más justa.