La evolución de la democracia y la elaboración de constituciones en Chile.

El orador expresa gratitud por la oportunidad de discutir la historia de los procesos constitucionales en Chile. El objetivo no es proporcionar un relato detallado de los procesos pasados, sino arrojar luz sobre el proceso constitucional actual, estableciendo conexiones entre el presente y el pasado mientras se aclaran conceptos teóricos esenciales.

La historia chilena está llena de mitos, especialmente el mito propagado en la educación de que Chile ha sido una democracia modelo a lo largo de su historia republicana. Este mito, perpetuado en la educación formal, los medios de comunicación y por los políticos, se desmiente como falso. Los períodos verdaderamente democráticos en la historia chilena han sido breves, con libertades civiles y políticas limitadas para la mayoría de la población.

Hasta 1874-1875, Chile no funcionaba como una democracia debido a prácticas excluyentes. A las mujeres se les negaban derechos políticos, y la mayoría de los hombres también estaban privados de ellos. Solo un pequeño porcentaje de la población, principalmente hombres ricos, alfabetizados y propietarios, tenía derechos de voto. El concepto de ciudadanía estaba restringido a unos pocos privilegiados, considerando a la mayoría como ciudadanos pasivos esperando adquirir riqueza y educación para convertirse en ciudadanos activos.

Incluso después de 1875, Chile no logró una verdadera democracia ya que la expansión del cuerpo electoral no garantizaba principios democráticos. Los criterios para la ciudadanía seguían ligados a la riqueza, la alfabetización y la propiedad, perpetuando la exclusión para la mayoría de la población. La noción de ciudadanía estaba condicionada a cumplir con requisitos socioeconómicos específicos, obstaculizando el proceso de democratización.

El sistema electoral en Chile durante el siglo XIX excluía a individuos analfabetos y mujeres de la ciudadanía activa. A pesar de que la alfabetización era un requisito para el censo, el cuerpo electoral seguía siendo limitado. Además, prácticas políticas como el fraude electoral orquestado por presidentes, como la intervención descarada en las elecciones a través de medios fraudulentos, persistieron hasta la Guerra Civil de 1891.

El fraude electoral en Chile fue orquestado por los presidentes en funciones que tenían un inmenso poder, lo que les permitía manipular las elecciones a través de prácticas fraudulentas. Esto incluía intervenciones para controlar a las autoridades locales y obstaculizar el acceso de la oposición a la votación, robo de urnas y conteo fraudulento de votos, lo que llevó a una falta de democracia genuina hasta la Guerra Civil de 1891.

La Guerra Civil de 1891 marcó una transición en el sistema político de Chile desde un presidencialismo exacerbado hacia una república parlamentaria. Este sistema único trasladó el poder del poder ejecutivo a los partidos oligárquicos, dirigiendo efectivamente la política nacional a través del parlamento, alterando significativamente el panorama político.

La práctica del cohecho, que involucraba la compra y venta masiva de votos por parte de los partidos políticos, era común en Chile hasta 1958. La ausencia de una papeleta electoral única hasta 1958 permitía a los partidos imprimir sus propias papeletas, lo que llevaba a los ciudadanos a vender sus votos para recibir papeletas premarcadas del partido comprador. Esta práctica continuó con los votantes siendo escoltados hasta la urna para asegurarse de que emitieran el voto comprado.

La historia política de Chile estuvo marcada por cinco guerras civiles en el siglo XIX, incluida la Guerra de Independencia, destacando una falta de estabilidad institucional y evolución pacífica. Los frecuentes conflictos, incluidas las guerras civiles en 1829, 1830, 1851 y otras, subrayaron la naturaleza tumultuosa de la política chilena durante este período.

Chile experimentó una significativa represión política a lo largo de su historia, incluyendo dictaduras como la de Pinochet durante 16 años y el régimen de Ibáñez de 1927 a 1931. Incluso durante períodos supuestamente democráticos, hubo severas restricciones a las libertades políticas y civiles, con gobiernos violando normas legales y constitucionales. Esta represión se extendió a masacres de trabajadores y pueblos indígenas, así como a períodos de excepción constitucional, ejemplificados por los gobiernos represivos de Arturo Alessandri Palma a principios del siglo XX.

Durante el primer mandato de Arturo Alessandri Palma de 1920 a 1925, Chile fue testigo de brutales masacres de trabajadores, como la masacre de San Gregorio en Antofagasta en 1921 y la masacre de La Coruña en 1925. El segundo mandato vio más represión, incluyendo la masacre de campesinos chilenos y Mapuche en Alto Bío Bío y Lonquimay. Además, jóvenes nazis que intentaron un golpe de estado en la Universidad de Chile también fueron blanco.

El segundo mandato de Ibáñez, elegido democráticamente, también estuvo marcado por una represión significativa. Además, durante aproximadamente 110 años en la segunda mitad del siglo XX, el Partido Comunista, un partido político popular, fue ilegalizado en Chile. Miles de miembros del partido fueron eliminados de los registros electorales entre 1948 y 1958, destacando un período prolongado de exclusión y represión.

Un breve período de progreso democrático en Chile ocurrió entre 1958 y 1973. Durante este tiempo, la Ley de Defensa de la Democracia fue abolida, permitiendo una mayor inclusión de la ciudadanía popular. La introducción del voto electoral único ayudó a combatir la corrupción, aunque brevemente, hasta los tumultuosos eventos que siguieron en 1973.

La historia de Chile revela numerosas instancias de masacres de trabajadores y población, incluso durante períodos supuestamente democráticos. Ejemplos incluyen la masacre de trabajadores y población en Santiago en 1962 bajo el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, y los asesinatos durante el gobierno reformista de Eduardo Frei Montalva en 1966 y 1969, totalizando 36 muertes. Estos eventos desafían la narrativa tradicional de la historia chilena.

Chile nunca ha experimentado un proceso constitucional verdaderamente democrático. A lo largo de la historia, las constituciones fueron elaboradas y aprobadas por pequeños grupos de figuras masculinas o élites políticas sin la participación de los ciudadanos. Las constituciones más significativas, como las de 1833, 1925 y 1980, fueron a menudo influenciadas por intervenciones militares directas, limitando los principios democráticos.

La Constitución de 1833 en Chile, liderada por Diego Portales, surgió de la victoria conservadora en la guerra civil de 1829-1830 contra los liberales. A pesar de la disposición de la constitución liberal de 1828 en contra de reformas hasta 1836, los vencedores conservadores impusieron cambios constitucionales, purgando a los liberales de posiciones de poder e influencia.

En el contexto del miedo y la incertidumbre, se estableció una convención constituyente para reformar la constitución de 1828, con el objetivo de crear una nueva constitución. Inicialmente, se suponía que la convención incluiría parlamentarios designados por el parlamento y figuras prominentes conocidas por su integridad y mérito. Sin embargo, terminó estando completamente compuesta por parlamentarios, descuidando a los individuos distinguidos. Esto llevó a la aprobación de una constitución adaptada a los vencedores de la guerra civil, representando principalmente a la aristocracia y oligarquía de la región central del país, excluyendo no solo los intereses populares sino también las oligarquías de las regiones extremas como Copiapó y Concepción.

El régimen portaliano, especialmente durante la década de 1830 a 1860, conocido como la república conservadora, fue altamente excluyente, oligárquico, autoritario y presidencialista. Los presidentes tenían un gran poder para intervenir en las elecciones a lo largo del siglo XIX, lo que llevó a presidencias de décadas con la posibilidad de reelección. El control del régimen era tan extenso que las fuerzas de oposición no podían elegir ni siquiera un senador, mostrando el fraude electoral orquestado desde el palacio presidencial.

Durante la era de la república conservadora de 30 años, los presidentes tenían un poder inmenso para influir en las elecciones, lo que resultaba en gobiernos quinquenales consecutivos con posibilidades de reelección. Este control era tan omnipresente que los grupos de oposición solo podían elegir diputados, no senadores. El papel del presidente como 'gran elector' permitía el fraude electoral sistemático, asegurando el dominio de la facción conservadora gobernante.

La constitución establecida en 1833, adaptada a los intereses de la oligarquía, perduró casi un siglo hasta 1925. Aunque hubo algunas reformas constitucionales significativas en la década de 1870, los cambios más cruciales ocurrieron a mediados de esa década, iniciando una transferencia gradual de poderes desde el presidente hacia el congreso nacional. Este cambio tuvo como objetivo abordar las contradicciones y conflictos generados por el sistema Portaliano, que habían provocado dos guerras civiles en 1851 y 1859.

El período de liberalización en Chile comenzó a principios de la década de 1860 y duró hasta 1891, conocido como la república liberal. A pesar de la guerra civil de 1891 que llevó a un cambio del presidencialismo al parlamentarismo, no hubo una reforma constitucional formal hasta 1925.

Durante el siglo XIX, Chile experimentó cambios significativos en la sociedad, pasando de un modo de producción colonial a un modo de producción capitalista incipientemente industrial. Este cambio estuvo acompañado por migraciones masivas de áreas rurales a centros urbanos, lo que llevó a la aparición de nuevas clases sociales como el proletariado.

El proceso de industrialización y modernización económica en Chile puso de manifiesto la 'cuestión social', destacando problemas como los laborales, de salud, de vivienda, tasas de mortalidad, preocupaciones ambientales y desafíos morales. Estos problemas subrayaron la necesidad de reformas sociales.

En 1925, el Presidente Alessandri propuso cambios en el sistema constitucional y político, con el objetivo de lograr un presidencialismo más moderno. Esta iniciativa fue impulsada por la creciente influencia del movimiento popular y las emergentes clases medias, que buscaban participar activamente en el proceso constitucional.

En enero de 1925, Alessandri regresó a Chile después de ser llamado de vuelta por jóvenes oficiales militares que derrocaron a la junta militar conservadora. Prometió convocar a una asamblea constituyente, desatando un entusiasmo generalizado en todo el país. La llegada de Alessandri a Santiago en marzo de 1925 fue recibida con gran pompa y altas expectativas.

En 1925, hubo un plan para formar dos asambleas constituyentes en Chile. La 'pequeña asamblea constituyente' estaba destinada a unir a trabajadores asalariados e intelectuales como ejercicio preliminar antes de disputar el contenido de la futura constitución en la 'gran asamblea constituyente nacional'. Sin embargo, el Presidente Xanthi Palma incumplió su promesa, nombrando en su lugar dos comisiones constitucionales seleccionadas a dedo.

El Presidente Xanthi Palma designó dos comisiones constitucionales, una encargada de discutir los mecanismos para aprobar el proyecto de constitución a través de un plebiscito y asamblea constituyente, y otra comisión, liderada por él mismo, responsable de deliberar sobre el contenido y redacción de la nueva constitución. A pesar de ser designados por el presidente, muchos miembros de estas comisiones, incluidos representantes de varios partidos políticos, estaban preocupados por la fuerte influencia presidencialista en la nueva constitución.

Muchos miembros de las comisiones constitucionales, designadas por el Presidente Xanthi Palma, se opusieron a la naturaleza presidencialista de la constitución propuesta. El Presidente Alessandri, conocido por su astucia política y demagogia, enfrentó una resistencia significativa dentro de las comisiones. Para superar esta resistencia, el 23 de julio de 1925, Alessandri llevó al General Navarrete, inspector general del ejército, a las sesiones para insinuar sutilmente una posible intervención militar si los planes no avanzaban satisfactoriamente.

A pesar de la resistencia inicial, el Presidente Alessandri logró asegurar la aprobación de un plebiscito para decidir sobre la constitución presidencialista. El plebiscito, celebrado con solo un mes de anticipación, favoreció abrumadoramente el proyecto de Alessandri, con más del 90% de aprobación de los ciudadanos votantes. Sin embargo, un desafío significativo fue la baja participación de votantes, con solo el 42.1% de los ciudadanos elegibles participando en el plebiscito.

La Constitución de 1925, considerada la más democrática en la historia de Chile, fue aprobada por una minoría de ciudadanos debido a un cuerpo electoral significativamente reducido. Las mujeres, los analfabetos y los menores de 21 años fueron excluidos de votar, resaltando la naturaleza democrática limitada de la constitución.

La Constitución de 1980, establecida durante la dictadura, fue elaborada por una comisión liderada por el abogado Ortuzar, una figura política de derecha. La comisión, que incluía a la primera mujer miembro en la historia constitucional, Olga Feliú, trabajó durante cinco años en la redacción de la constitución, fuertemente influenciada por Jaime Guzmán Errázuriz.

La constitución de 1980 fue sometida a un plebiscito con mínimas libertades democráticas, a diferencia del proceso de 1925. El contexto de la dictadura militar, el terrorismo de estado, la ausencia de partidos políticos legales y las severas restricciones a las libertades civiles caracterizaron el plebiscito, donde los individuos tenían que presentar sus cédulas de identidad, las cuales eran marcadas para evitar votos múltiples.

Durante el plebiscito de 1980, el régimen militar destruyó los registros electorales y recurrió a marcar las cédulas de identidad y los dedos con tinta para evitar el voto múltiple. Sin embargo, testimonios revelan casos de personas que votaron varias veces, facilitado por un laboratorio de falsificación de documentos en Villa Grimaldi, operado por los servicios de inteligencia del régimen.

El General Prats de Orlando Letelier discutió un complot para matar a Bernardo Lleyton en Roma con documentos genuinos, no falsificados, producidos por él usando identidades falsas.

Durante el conteo de votos, se produjeron situaciones grotescas donde la oposición contó más votos que la población en nueve provincias, incluyendo Valparaíso, lo que llevó al origen de una constitución ilegítima.

La constitución era ilegítima ya que fue impuesta por la fuerza de las armas sin garantías democráticas, lo que llevó a su obediencia por parte de los chilenos únicamente debido a acuerdos de transición.

El proceso constitucional en curso es significativo, pero antes de adentrarse en él, es esencial comprender cuestiones conceptuales para entender mejor la situación actual.

Una constitución es la ley suprema, la norma legal a la que todas las demás leyes deben adherirse, determinando las bases fundamentales del estado, los derechos, deberes y la organización de los poderes públicos.

Un proceso constitucional tiene como objetivo proporcionar una nueva constitución a un estado, con diversos tipos a lo largo de la historia, que van desde procesos autoritarios y violentos hasta procesos totalmente democráticos como una asamblea constituyente.

El orador cree que el único proceso constitucional plenamente democrático es a través de una asamblea constituyente, enfatizando la importancia de comprender el concepto de poder constituyente originario.

En el pasado, la soberanía estaba concentrada en un monarca absoluto, visto como la encarnación de la nación. Sin embargo, con la Revolución Francesa y movimientos posteriores, la idea cambió hacia la soberanía residiendo en la nación misma, no solo en un solo autócrata.

Durante la Revolución Francesa y los movimientos liberales en el siglo XIX, el concepto de nación fue inicialmente representado solo por la élite, no por toda la población o ciudadanía universal. El sufragio estaba limitado y no era universal, lo que llevó a una forma restringida de ciudadanía y a un régimen político que era liberal pero no democrático.

El poder de origen constituyente, que es la capacidad de crear constituciones, está investido en el pueblo. El poder constituyente original se ejerce a través de representantes en una asamblea para redactar una constitución, que finalmente es decidida por la ciudadanía a través de un plebiscito.

Existe el poder constituyente original, ejercido por el pueblo, y los poderes constituidos derivados del estado, como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los poderes constituidos derivan su autoridad del poder constituyente y no están autorizados para crear una nueva constitución, tarea reservada para el poder constituyente.

Los poderes constituidos, como el ejecutivo, legislativo y judicial, no tienen la autoridad para establecer reglas para el funcionamiento de la delegación del poder constituyente, como fijar cuórum o determinar temas de discusión. Solo el poder constituyente, representado por el pueblo con derechos políticos, tiene el derecho de crear y aprobar una nueva constitución.

Chile está experimentando cambios políticos debido al acuerdo del 15 de noviembre y las reformas constitucionales aprobadas en diciembre de 2019. Un plebiscito el 26 de abril determinará si habrá una nueva constitución y quién la redactará.

El plebiscito ofrece dos opciones para redactar una nueva constitución: una convención constitucional mixta compuesta por delegados designados por el parlamento y elegidos por los ciudadanos, o una convención totalmente elegida por los ciudadanos. Algunos ven la convención mixta como antidemocrática.

El orador enfatiza que el poder constituyente original reside en los ciudadanos, no en el parlamento. Las convenciones constitucionales propuestas se perciben como potencialmente limitantes para la verdadera participación ciudadana en el proceso de elaboración de la constitución.

Preocupaciones surgen sobre el propuesto quórum de dos tercios para la toma de decisiones en la convención constitucional, citando casos pasados donde una minoría podría bloquear cambios significativos. Este requisito de quórum se ve como un obstáculo potencial para transformaciones radicales.

Mientras la atención se centra en la diversidad de género, la representación indígena y la inclusión de personas con discapacidad en el proceso constitucional, el orador advierte que mantener las reglas actuales de quórum podría llevar simplemente a legitimar el modelo económico y social existente.

Las próximas elecciones para la asamblea constituyente en Chile se espera que reflejen el actual panorama político, con los partidos políticos probablemente dominando sobre los independientes y movimientos sociales. Los delegados serán elegidos a través de un sistema de listas, donde los candidatos deben reunir firmas para competir contra los nominados respaldados por los partidos.

El proceso de formación de una asamblea constituyente en Chile está fuertemente influenciado por la élite política, con restricciones que impiden abordar ciertos temas sensibles. Estas restricciones incluyen un requisito de quórum de dos tercios y limitaciones para discutir tratados internacionales relacionados con los derechos humanos.

Una verdadera asamblea constitucional debería ser libre, soberana y reflejar el poder constituyente original. No debería estar limitada por agendas políticas o reglas preestablecidas, permitiendo un debate genuino y la toma de decisiones sobre todos los temas relevantes sin interferencia externa.

Hay un nivel significativo de engaño en el proceso constitucional actual en Chile, con algunos políticos progresistas y expertos constitucionales tratando de justificar las limitaciones impuestas a la asamblea argumentando que sigue siendo un proceso legítimo bajo un nombre diferente. Sin embargo, la realidad es que las restricciones socavan la verdadera esencia de una asamblea constitucional democrática e inclusiva.

El debate gira en torno a si el futuro parlamento en Chile será unicameral o bicameral. Hay debates sobre la eliminación del Senado y tener una sola cámara. Se considera la posibilidad de que ninguna de las mociones alcance los 23 votos requeridos, lo que genera incertidumbre sobre la estructura futura del parlamento.

Si la asamblea constituyente no logra llegar a un acuerdo de mayoría de dos tercios sobre la naturaleza unicameral o bicameral del futuro parlamento, surge un dilema sobre quién resolverá este problema. La falta de acuerdo sobre la composición del parlamento plantea preocupaciones sobre su capacidad para funcionar de manera efectiva.

Los eventos actuales en Chile son vistos como una repetición de prácticas históricas donde las clases dominantes y la élite política buscan reclamar el poder constituyente original que legítimamente pertenece a los ciudadanos. A pesar de los desafíos, hay esperanza de cambio a través de la movilización y la participación ciudadana.

Para liberarse de las limitaciones políticas impuestas por acuerdos parlamentarios y reformas constitucionales, se considera necesaria una movilización ciudadana significativa similar a las protestas de octubre. Esta movilización se ve como una forma de desmantelar las estructuras de poder existentes y allanar el camino para un cambio transformador.

La estrategia implica participar en las elecciones de la asamblea constituyente para asegurar un número sustancial de delegados independientes de movimientos sociales. El objetivo es tener un tercio de los escaños para tener poder de bloqueo y apuntar a más del 50% de representación para impulsar agendas transformadoras con el apoyo de la movilización ciudadana en curso.

Una propuesta para una convención constitucional liderada por ciudadanos fue discutida, con el objetivo de declarar al cuerpo como autónomo, libre y soberano. Esta transformación en una verdadera asamblea constituyente permitiría el establecimiento de sus propias reglas, evitando los acuerdos parlamentarios y la reforma constitucional de diciembre de 2019. La propuesta requiere valentía política y toma de decisiones.

Una propuesta de quórum alternativa fue presentada, sugiriendo el uso de un 'plebiscito intermedio' para garantizar el funcionamiento efectivo del cuerpo constituyente con un quórum de mayoría sombra de dos tercios. Esta propuesta tiene como objetivo involucrar a la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones basados en mayoría simple en caso de falta de consenso dentro del cuerpo constituyente.

La estructura propuesta del plebiscito incluye tres etapas: un plebiscito inicial en abril para determinar el deseo de una asamblea constituyente y una nueva constitución, un plebiscito final para aprobar la totalidad de la constitución propuesta, y un plebiscito intermedio en dos tercios del proceso para consultar sobre alternativas para problemas no resueltos que carecen de un consenso de dos tercios dentro del cuerpo constituyente.

La implementación de una fórmula democrática, pasando de un requisito de dos tercios a una mayoría clásica del 50% en el plebiscito intermedio propuesto, plantea un desafío político significativo. Requiere una movilización social y política sustancial, astucia estratégica y sagacidad política para evitar el engaño y asegurar que el poder de decisión final siga estando en manos del pueblo.

Existe un llamado a la vigilancia contra posibles engaños por parte de ciertas facciones de la oposición que firmaron el acuerdo del 15 de noviembre, con el objetivo de presentar la convención constitucional bajo un nombre diferente al público. Se enfatiza la importancia de mantener la conciencia y prevenir la tergiversación en el proceso de la convención constitucional para salvaguardar la integridad del proceso democrático.